La política ambiental
es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el
ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un
desarrollo sostenible.
En diversos países surgieron organizaciones sociales que
demandaron la divulgación de los avances científicos a toda la sociedad y sobre
todo la consulta de la aplicación de dichos avances, como una consecuencia de
los lanzamientos de las bombas atómicas en Japón. Pues en aquel entonces las
decisiones fueron tomadas por las cúpulas militares y gubernamentales y los
avances eran secretos de Estado.
Cuando el desarrollo industrial y tecnológico se aceleró, se
hicieron evidentes la contaminación del aire y el agua en diversas ciudades,
por lo que organizaciones sociales exigieron que los gobiernos legislaran sobre
este tema.
Políticas nacionales (normas mexicanas)
En México inició la preocupación gubernamental por la
ecología en los años 60, pero hasta 1971 surgió la Ley Federal para prevenir y
Controlar la Contaminación Ambiental, y entre 1973-1976 se creó un órgano de
administración que fue la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, la cual
estuvo primero en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y después en la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Fue hasta 1983-1988, en el Plan Nacional de Desarrollo
durante el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se incluyó por primera vez el
tema ecológico como factor explícito en el desarrollo social y económico del
país y se plantearon estrategias para el uso adecuado de los recursos
naturales, la promoción de tecnologías eficientes y para evitar el crecimiento
urbano en las zonas concentradas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.
En 1987 se incluyó en la Constitución la obligación de
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y se establecieron obligaciones
federales, estatales y municipales (se reformaron los Artículos 27 y 73).
En 1988 se definieron los ámbitos de responsabilidad pública
para la resolución de problemas ambientales en la “Ley General del Equilibrio
Ecológico y el Equilibrio Ambiental”, la cual ha sido el instrumento de la
política ambiental del Estado. En 1992 se crearon el Instituto Nacional de
Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La principal
debilidad de la política ambiental era la ausencia de reglas objetivas para la
actuación gubernamental. 
En 1987 se ratifica el protocolo de Montreal, en 1989 se
firmó el acuerdo de Basilea, de 1995 a 2010 el mercado ambiental mexicano pasa
de 0.6 % del PIB al 1.8 %, que se traducen a 29 millones de dólares.
Se han creado instituciones en las fronteras para regular y
vigilar la producción de contaminantes en las mismas y se crearon otros
mecanismos para regular la contaminación de residuos industriales (químicos,
radioactivos, maquila, etc.).
Políticas internacionales: organismos y cumbres
Para comenzar este tema debemos tener claro que los
principios de la política ambiental son los principios de desarrollo sostenible
para un crecimiento económico limpio y ecológico: - El principio de responsabilidad medioambiental, todos podemos mejorar nuestro entorno.
- El principio de prevención, mejor prevenir que corregir desastres ecológicos.
- El principio de sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes y procesos de alto consumo energético por otros más eficientes.
- El que contamina paga en los casos que no se puede prevenir el daño ambiental.
- El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política ambiental con otros departamentos y la integración de objetivos ambientales.
- Principio de la cooperación en grupos sociales que trabajen con objetivos de mejora ambiental y su realización es indispensable.
- La política ambiental debe basarse siempre en los resultados de investigaciones científicas.
En 1972 se empezó a dar importancia internacional al
ambiente cuando se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano. Después, aunque se avanzó algo respecto a cuestiones
científicas y técnicas, se siguió soslayando la problemática del medio ambiente
en el plano político y se fueron agravando, entre otros, los problemas
ambientales, el agotamiento del ozono, el calentamiento de la Tierra y la
degradación de los bosques.
Se avanzó cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas
convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD). La Conferencia, conocida como Cumbre para la Tierra, se
celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Fue un momento decisivo
en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones del medio ambiente y
el desarrollo.
Los principales objetivos de la Cumbre eran lograr un
equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de
las generaciones presentes y de las generaciones futuras y además, sentar las
bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países
en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad
civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses
comunes.
Los acuerdos de la Cumbre para la Tierra
En Río de Janeiro, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de
Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos para regir la
labor futura:
v El Programa 21, un plan de acción mundial para
promover el desarrollo sostenible.
v La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos
civiles y obligaciones de los Estados.
v Una Declaración de principios relativos a los
bosques, serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques
en el mundo.
Se propusieron dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria:
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica. Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones para una Convención
de lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre
de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. “Para ayudar a los países a
formular normas sobre sostenibilidad y controlar sus efectos, el Programa 21
reconoce la necesidad de que se establezca una serie de indicadores del
desarrollo sostenible de aceptación internacional. Se prevé que para el año
2000 se pondrá a disposición de todos los países una serie de indicadores de
entre los cuales los gobiernos podrán seleccionar los más adecuados para las
condiciones en sus países. La labor de la Comisión respecto de la evolución de
las modalidades de producción y de consumo, particularmente en los países
desarrollados, incluye la promoción de modalidades más sostenibles de consumo y
de producción y la evaluación de los efectos de los cambios en las pautas de
consumo y producción en los países desarrollados. La transferencia de
tecnología ecológicamente racional es otra cuestión en que la Comisión aprobó
un programa de trabajo encaminado a seguir promoviendo formas de producción
industrial menos contaminantes”. Una Comisión creada en esta cumbre está
ampliando el alcance del Programa 21, mediante su colaboración con la
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), con el fin de promover la coherencia y el apoyo
mutuo de las actividades en materia de comercio, medio ambiente y desarrollo
sostenible.
La Cumbre para la Tierra + 5 en 1997
La Cumbre para la Tierra acordó que la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en un período extraordinario de sesiones que se celebraría
en 1997, llevaría a cabo un examen de los adelantos alcanzados al cabo de cinco
años. En ese período extraordinario de sesiones se evaluó la respuesta de los
países, las organizaciones internacionales y la sociedad civil al reto de la
Cumbre para la Tierra.
En la Cumbre para la Tierra + 5, los Jefes de Estado y
autoridades gubernamentales, en consultas de base amplia en todos los planos,
desde el local hasta el internacional, llevaron a cabo una evaluación amplia y
honesta de su posición respecto a los objetivos establecidos en la Cumbre para
la Tierra. El objetivo consistió en determinar y reconocer los adelantos
alcanzados en la aplicación de los acuerdos concertados en la Cumbre para la
Tierra y en promover acuerdos similares en todo el mundo. También se
identificaron errores y omisiones y se propusieron medidas correctivas.
A partir de esto se promovería la asociación mundial
necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible y se renovaría el compromiso
de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los representantes de
grupos principales y la ciudadanía en general respecto a los retos del siglo
XXI. Un propósito importante del período de sesiones consistía en determinar
las prioridades y los objetivos y esbozar un plan de trabajo para la siguiente
etapa de aplicación de los instrumentos de la Cumbre para la Tierra.
El protocolo de Kioto
El protocolo de Kioto establece un compromiso de las
naciones industrializadas para estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI, por ej. CO2, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos,
hexafluoruro de azufre, metano y óxido nitroso), establece metas de reducción
de las emisiones para 37 países y la unión europea, reconociendo que son los
principales emisores de GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el
resultado de emitirlos desde hace más de 150 años.
En el protocolo hay un principio central:
“responsabilidad común pero diferenciada”.
La estructura del protocolo proviene de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9
de mayo de 1992 y ha logrado que los gobiernos y las empresas establezcan leyes
y políticas que los comprometan a cumplir sus responsabilidades acerca de las
inversiones relacionadas con emisiones de GEI y estableció el mercado del
carbono. Es el primer paso para generar un régimen mundial de reducción y
estabilización de emisiones de GEI, por lo menos hasta 2012. Para medir dichas
reducciones se apoyará en un Grupo Intergubernamental de expertos sobre el
Cambio Climático (IPPC), formado por la Organización Meteorológica Mundial y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988.
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